A finales de junio, actores maliciosos consiguieron acceder al portal de candidaturas de la Secretaría de Estado de Arizona, una plataforma donde los aspirantes a cargos públicos locales suben sus fotos e información personal.
Según ha reconocido el secretario de Estado de Arizona, Adrian Fontes, el ataque no comprometió sistemas de votación ni bases de datos sensibles, ya que el portal se encuentra segregado de la infraestructura electoral crítica.
Pese a ello, el incidente ha generado preocupación por su simbolismo y por la persistencia de los atacantes: según las investigaciones preliminares, el acceso no autorizado fue precedido por una semana de intentos de intrusión sostenida.
No avisa a CISA
Aunque las autoridades aún no han atribuido oficialmente el ataque a ningún actor de amenazas, Fontes ha declarado que hay un nivel de confianza “moderado” en que el origen sea iraní, posiblemente como respuesta a una serie de bombardeos estadounidenses ocurridos días antes en su territorio. Esta teoría se ve reforzada por el tipo de mensaje empleado y por el canal de difusión utilizado.
El caso ha cobrado especial relevancia no solo por el ciberataque en sí, sino por la reacción del propio Fontes, quien decidió no solicitar asistencia a la Agencia de Seguridad de Infraestructuras y Ciberseguridad de EE.UU. (CISA). El responsable estatal criticó duramente a esta entidad federal, asegurando que desde 2024 ha perdido capacidades operativas, ha recortado personal clave y ha reducido su implicación sobre el terreno.
El secretario de Estado ha defendido que la gestión de la crisis se realizó íntegramente con medios estatales, incluyendo a la Guardia Nacional de Arizona, expertos internos y asesores externos.
Además, ha solicitado una inversión de 10 millones de dólares para modernizar el portal afectado y 3,5 millones anuales adicionales para reforzar la ciberseguridad general del estado.
Desde CISA no han respondido públicamente a las críticas, aunque en otros foros la agencia ha reiterado la necesidad de colaboración entre distintos niveles de gobierno y ha recordado que cuenta con servicios gratuitos de auditoría y monitorización para estados y condados.
El incidente, pese a su alcance limitado, pone de manifiesto cómo incluso portales no críticos pueden ser aprovechados como escaparate para campañas de propaganda extranjera. También evidencia la creciente fragmentación entre autoridades estatales y federales de EE.UU en la respuesta a amenazas digitales.
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